La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Gaby “N”, tras la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.
La medida se deriva de la investigación iniciada tras un hecho vial ocurrido el 3 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.
Durante las primeras indagatorias se permitió establecer que la víctima, un hombre de 52 años de edad que circulaba en una motocicleta, fue impactada por un automóvil en el cruce ubicado en la avenida Eje 6 sur y Periférico Oriente.
Tras el accidente la responsable continuó con la marcha de su vehículo, lo que generó que la persona fuera arrastrada varios metros hasta su fallecimiento en el lugar.
La detención de Gabriela “N”, de 43 años, ha vuelto a colocar este caso en el centro del debate público en la Ciudad de México.
La mujer fue capturada tras más de un mes de búsqueda, luego de un operativo coordinado fuera de la capital del país.
La propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que la aprehensión se realizó en el estado de Oaxaca, con apoyo de la Policía de Investigación.
De acuerdo con la investigación, la acusada habría impactado y arrastrado a un motociclista por varios kilómetros, desde Periférico Oriente hasta la zona de Constitución de 1917.
En un inicio se manejó la versión de un posible accidente vial, pero con el avance de las pruebas el delito fue reclasificado como homicidio calificado.
¿Qué dice la ley sobre el homicidio calificado?
El Código Penal de la Ciudad de México establece que cuando un homicidio se comete con elementos como ventaja, alevosía o crueldad, la pena aumenta considerablemente. En estos casos, la sanción puede ir de 20 a 50 años de prisión.
Las autoridades consideran que el hecho de continuar la marcha del vehículo, aun cuando presuntamente existían señales claras del impacto, es un factor que agrava la situación jurídica.
Esta reclasificación elimina la posibilidad de que la acusada enfrente el proceso en libertad.
Si el caso se hubiera mantenido como homicidio culposo —es decir, sin intención directa— la pena sería mucho menor, de entre 3 y 8 años.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existen elementos que apuntan a una conducta con conocimiento del daño causado.
La fuga y su impacto legal
Otro punto que influye en el proceso es la salida de la capital tras los hechos y el abandono del vehículo en el Estado de México.
Según especialistas, estas acciones pueden ser consideradas como indicios de responsabilidad penal más grave.
Actualmente, Gabriela “N” fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedará a disposición de un juez de control.
Será en la audiencia inicial donde se determinará si es vinculada a proceso y bajo qué condiciones continuará el juicio.
Reparación del daño y derechos de la familia
La Constitución mexicana y la Ley General de Víctimas establecen que los familiares del fallecido tienen derecho a una reparación integral.
Esto incluye compensación económica y otras medidas que reconozcan el daño causado.
El caso ha generado una fuerte reacción social, especialmente por las imágenes captadas por cámaras del C5, que forman parte de las pruebas técnicas.
Ahora será el sistema judicial el encargado de analizar la evidencia y determinar la sentencia correspondiente.
En resumen, si se confirma el delito como homicidio calificado, la acusada podría enfrentar una pena que va de 20 a 50 años de prisión, dependiendo de lo que determine el juez tras el proceso legal.