El juez determinó que la detención de Joshua Steven Riibe en el Hotel Riu República fue ilegal y violó sus derechos. El caso sigue generando polémica.
Nos llegan nuevas informaciones sobre el juez del Tribunal de Primera Instancia de La Altagracia, Edwis Andrés Rijo Delgado, quien dictó fallo a favor del joven estadounidense Joshua Steven Riibe en su solicitud de Hábeas Corpus.
En su decisión, el magistrado determinó que el Hotel Riu República, la Policía Nacional y la Fiscalía actuaron de manera conjunta para impedir la libertad del joven, llevándolo a un arresto ilegal que violó las leyes vigentes en el país.
Este fallo se produjo tras la detención de Riibe en relación con la desaparición de la turista Sudiksha Konanki, un caso que aún no ha sido resuelto. Tanto Riibe como su padre argumentaron que la detención en el hotel fue arbitraria y carecía de fundamentos legales.
«A que el Hotel Riú República se ha hecho cómplice de la detención ilegal sin haber una orden de arresto en contra de Joshua Steven Riibe, pues al quitarle su pasaporte no le permitió el derecho al libre tránsito que tiene ese ciudadano estadounidense, ya que sin su pasaporte su movilidad ha sido restringida totalmente. En esta violación a su derecho fundamental a la libertad y al tránsito, han colaborado la Fiscalía de La Altagracia, el Hotel Riú República, la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) y a Policía Turística (POLITUR), en virtud de que, sin tener una evidencia, una prueba o un indicio de que ha habido un crimen y que nuestro representado lo ha cometido o que ha participado en él, lo tienen detenido, privando su libertad.
Resaltando, que el mismo lleva 5 días sin presentarse a la universidad, porque estos actores no le han permitido marcharse. De otra parte, la Fiscalía de La Altagracia, en la persona de Claudia Lorena
Garrido Caraballo y Luis Omar García, fiscales de esa institución, han vulnerado el derecho a la libertad de este ciudadano, bajo el pretexto inexcusable de que hay una investigación sobre la desaparición de la estudiante india Kudiksha Konanki. Coartar la libertad de un ser humano, basado en que hay que investigar, es un vil atropello que no encuentra ningún tipo de justificación en los cánones Constitucionales y legales de la República Dominicana, ni de ningún país que se precie de respetar los derechos humanos y fundamentales de las personas.
Este arresto ilegal, y su consecuente privación de libertad, ya tienen 8 días, vulnerando así el sagrado derecho fundamental del señor Joshua Steven Riibe quien se encuentra privado de libertad de manera ilegal, ya que, sin una causa justificada, se mantiene detenido. La norma Constitucional y la norma procesal, disponen que las personas privadas de libertad deben ser presentadas ante un juez en un plazo máximo de 48 horas, lo cual no ha ocurrido», expresa el documento.
Durante la audiencia, el juez destacó que las acciones del Ministerio Público, la policía turística y otras autoridades involucradas no se basaron en una acusación formal. Según el magistrado, esta actuación representó una clara violación de los derechos fundamentales del joven. Además, subrayó que un testigo no puede ser tratado como un detenido sin una causa legítima, señalando que restringir la libertad de una persona sin las bases legales adecuadas es inadmisible.
La sentencia enfatiza la importancia de proteger los derechos individuales en el marco de una investigación criminal. El juez dejó en claro que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin una justificación respaldada por la ley.
Además, el tribunal rechazó otras peticiones relacionadas con sanciones económicas y estableció que los costos del proceso serán asumidos por el Estado.
Este fallo envía un mensaje importante a las autoridades sobre la necesidad de respetar el debido proceso y los derechos humanos. La resolución del juez Rijo Delgado ha llamado la atención a nivel nacional y ha generado un debate sobre la actuación de las instituciones en este caso.
Mientras tanto, la desaparición de Sudiksha Konanki sigue sin resolverse y continúa siendo objeto de investigación. Sin embargo, el juez insistió en que los procedimientos legales deben cumplirse rigurosamente, sin violaciones a los derechos de los ciudadanos involucrados.
